El embajador de Panamá ante la OEA, Aristides Royo, no compareció ayer a la reunión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para lograr una solución amistosa al reclamo de 111 familias de víctimas de la dictadura que buscan una reparación moral, jurídica y económica del Estado panameño.
Aunque se anticipaba que Royo acudiría a la sesión para presentar la respuesta del gobierno de Martín Torrijos al litigio, quien compareció fue Nisla Aparicio Robles, funcionaria de la misión panameña ante la OEA. Ella presentó las disculpas de Royo, diciendo que éste sufría de "un cuadro respiratorio muy serio".
Esa excusa les pareció insatisfactoria a los familiares de las víctimas que habían viajado desde Panamá para asistir a la reunión. "¡Otro dolor de garganta!", dijo con sarcasmo Ricardo Santiago Morales, refiriéndose al "gargantazo" cuando Royo renunció en 1982 a la presidencia que la dictadura le había entregado.
Para Maritza Maestre, otra representante de las víctimas, la inasistencia de Royo fue "una burla" porque el gobierno de Torrijos "envió a una persona sin poder de decisión".
También rechazó las declaraciones del presidente Torrijos, en el sentido de que es hora "de voltear la página" con respecto a la dictadura.
"Para voltear esa página, primero tiene que haber arrepentimiento [y] tiene que haber justicia", sentenció Maestre. Otros familiares agregaron que tampoco se puede "voltear la página" hasta que los responsables no hayan señalado dónde están los restos de las víctimas.

Diferencias en la CIDH sobre posible resolución de casos
Betty Brannan Jaén Corresponsal laprensadc@aol.com
WASHINGTON, D.C.

Aunque los familiares de las víctimas de la dictadura que participaron ayer en una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después dijeron que se sentían "burlados" por la postura del gobierno de Martín Torrijos, el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Aristides Royo, aseguró que el Gobierno "tiene la mejor voluntad" de hacer una reparación moral en estos casos.
Una delegación de los peticionarios viajó a Washington especialmente para asistir a la reunión de ayer. El abogado Jacinto González representó a la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad; Ricardo Santiago Morales y Maritza Maestre comparecieron en representación de los familiares. Carmenza Spadafora, quien ya se encontraba en Washington, también asistió. Fue un encuentro a puerta cerrada, sin acceso a periodistas.
Al llegar a la reunión, los familiares se sintieron defraudados al saber que Royo no asistiría y que había enviado a Nisla Aparicio Robles en su lugar. Esta joven funcionaria no pudo más que leer una nota de la Cancillería, y decir que transmitiría la propuesta de los peticionarios al Estado panameño.

La posición del Gobierno, a entender de los familiares, es que la CIDH no tiene jurisdicción porque muchos de los casos de la dictadura no han agotado los recursos internos en Panamá y que el Estado solo procederá a nivel doméstico –excluyendo a la CIDH– hacia una resolución amistosa en los casos que sí han agotado recursos internos.
"El planteamiento del Estado es que ellos solamente van a atender los casos que hayan agotado la vía interna. Y esos casos que hayan agotado la vía interna, solamente serán vistos en Panamá ...excluyendo a la CIDH", explicó el abogado.
"Lo que nosotros hemos venido planteando", continuó González, "es que todos los casos tienen que ser vistos", ya que caen dentro de lo que el reglamento interno de la CIDH permite cuando no hay un estado de derecho. Los familiares de las víctimas sostienen que 36 años de espera son más que suficientes para que se agote la vía interna.
Sin embargo, Royo dijo ayer en una entrevista telefónica con La Prensa que el gobierno de Torrijos "tiene todo el respeto por la CIDH" y "no objeta que el organismo participe en este asunto".
Los familiares de las víctimas están buscando tres tipos de reparación por parte del Estado panameño: moral, judicial y económica.
"Para nosotros, lo principal es lo judicial. Entre otras cosas, se está solicitando que se establezca una Fiscalía Especial para investigar los casos", explicó González. Los familiares de las víctimas también piden que el Gobierno designe a un funcionario de enlace para atender estos casos.